De costa a costa

Desde hace varios años, las costas españolas vienen sufriendo las consecuencias del férreo control que ejercen los servicios territoriales de Costas, dirigidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

- Escrito el 04 mayo, 2018, 5:00 pm
5 mins

Durante todo este tiempo, hemos visto cómo se ha actuado de forma justa en la toma de algunas decisiones, sin embargo, también hemos sido testigos de contradicciones e incoherencias.

De hecho, muchas edificaciones construidas en terrenos afectados siguen en pie, mientras que otras, con repercusiones de bajo impacto, se han derribado. En este sentido, deja mucho que desear la aplicación de criterios en base al sentido común, más bien se toman decisiones de manual, sin entrar en el detalle y estudio personalizado, lo cual genera cierta animadversión entre las administraciones locales que son, finalmente, las que deben enfrentarse con los problemas cotidianos y las quejas vecinales o empresariales.

Del blanco al negro

Santa Pola ha sido siempre una ciudad envidiada por sus ofertas turísticas y de ocio. Cómo olvidar aquellos años de las décadas de los setenta y ochenta. Es cierto que el control era laxo y quizá existían ciertos desmanes por parte de elementos tóxicos, incapaces de corregir su conducta dominante. Pero hemos pasado del blanco al negro obviando la extensa escala de grises. De permitir instalaciones en cualquier sitio a restringir las actividades, controlarlas y rentabilizarlas mediante cánones y sanciones.

No hemos pasado por los estados de estudio y detalle, de las propuestas de las administraciones legales para generar riqueza y atractivo. Siempre existe una forma diferente y personalizada de enfocar una propuesta de actividad sin generar impactos negativos en términos medioambientales. Esa debería ser, en mi opinión, la fórmula de permitir la ocupación, instalación o actuación en los dominios afectados

Derecho de las administraciones locales

El Ministerio no puede ser, a mi juicio, el dueño y señor de los bienes de una ciudad. Repito que se pueden estructurar normas y reglamentos que protejan el entorno en cualquier ámbito de actuación, pero dejar que sean las administraciones locales las que ejerzan su derecho de administrar su territorio. Un derecho que desde la Jefatura de Costas ha sido arrebatado, creando un limbo de equilibrio entre los derechos y obligaciones que debería existir.

Me refiero a que los costes de mantenimiento, reparación o reposición los sufragan los ayuntamientos, mientras que los beneficios de cánones de ocupación generados van a parar a las arcas del Ministerio. Hasta ahora, las inversiones o los costes de reposición de arena o mantenimiento de paseos son tan escasas que ni se recuerdan.

Punto de encuentro

Otro de las incoherencias que se pueden detectar es el dispar criterio que existe en cuanto a la permisividad entre comunidades autónomas. Mientra a unas se les permiten ciertas licencias, a otras se las asfixia con total indiferencia. Es por ello que sería de justicia dejar que sean las administraciones locales las que gestionen su territorio en base su experiencia y conocimiento de las carencias y necesidades de sus costas. Es un derecho arrebatado que debe volver a su legítimo dueño.

Una ciudad costera, como Santa Pola, precisa de todos sus recursos para autogestionarse. La falta de inversiones del ministerio en las costas españolas provoca un déficit presupuestario importante, al ser los ayuntamientos los que tengan que costear las actuaciones si quieren formar parte del espectro turístico y de ocio.

En definitiva, si las poblaciones costeras no se unen y ponen encima de la mesa este problema generado por determinadas bicefalias y duplicidades administrativas, difícilmente podremos estar a la vanguardia del turismo nacional, europeo o mundial. Es de puro sentido común llegar a un punto de encuentro que permita devolver la gestión, al menos, de contexto territorial urbano, dejando en manos del ministerio las zonas de protección especial. De lo contrario, todos los esfuerzos de las administraciones locales no servirían de nada.