La Regularización Catastral puede aflorar en Santa Pola un 3% más de población en el Padrón Municipal

Al concluir el procedimiento los ayuntamientos incrementan el Padrón de Bienes Inmuebles, la emisión y cobro de los recibos del IBI y el Padrón Municipal de Habitantes

- Escrito el 14 diciembre, 2017, 10:30 am
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El 27 de febrero de 2017 Mercadona abrió un nuevo supermercado en Santa Pola, en el centro comercial Gran Alacant. En realidad, se trata de una reapertura tras realizar una reforma integral con una inversión de un millón de euros.

Tan sólo diez días después, el 9 de marzo de 2017, abrió sus puertas, también en Santa Pola, el hipermercado Carrefour. Como Mercadona, se trata de una reapertura que se ha realizado tras la remodelación de las instalaciones que anteriormente ocupaba Eroski.

Ocho meses más tarde, justo enfrente de Carrefour, la cadena alemana de supermercados Aldi inauguraba una nueva tienda en el municipio santapolero. Una ampliación de la que ya había instalado en otra ubicación y que según el responsable de expansión de Aldi en la provincia, Vicent Claramunt, “se había quedado pequeña”.

Lo cierto es que la oferta de grandes superficies de venta de productos de alimentación va creciendo en Santa Pola, y la inversión en comercios dedicados a este tipo de productos va ligada siempre a un aumento de la población real en las zonas de influencia.

Menos población y más comercios

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Durante los últimos ocho años la población empadronada en la villa marinera ha ido decreciendo paulatinamente. Si bien durante los años 2012 y 2013 se alcanzaron los picos más altos. Durante el año 2013, Santa Pola llegó a tener 34.134 personas inscritas en el padrón.

Según datos oficiales extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tras la última actualización del padrón en 2016, los residentes de la villa marinera se contabilizan en 31.309, habiendo experimentado un descenso con respecto al año 2015 de 348 personas, un -1,10%.

Parece ilógico que si la población mengua la oferta comercial crezca

Parece absolutamente ilógico que si la población va menguando la oferta comercial vaya creciendo. Y es imposible que los gigantes del sector de la alimentación se lancen alegremente a la apertura de nuevos establecimientos, con inversiones millonarias, si no tienen la seguridad de que existe un número de clientes mayor que el que señalan los datos oficiales.

El Big-Data fundamental

Las grandes empresas multinacionales manejan datos muy reales, que les proporcionan gran cantidad de información sobre sus clientes y los potenciales consumidores. Estos datos los optimizan a través del Big Data, ya que lo que importa en realidad no son los datos concretos, si no el análisis que hacen de ellos para mejorar su posicionamiento en zonas estratégicas de crecimiento.

Es por tanto de suponer que estas empresas disponen de información que les indica que son muchas más las personas que viven durante todo el año en Santa Pola de las que figuran inscritas en el padrón municipal.

Claramunt reconoce que “la experiencia adquirida, tras 14 años que llevamos instalados en Santa Pola, nos indica que casi no hay oscilación entre la venta que se realiza en verano y la de invierno, algo que sí ocurre en otros municipios de costa dónde la estacionalidad es muy grande”.

Las empresas manejan información que analizan a través del Big-Data

Los datos oficiales que se manejan desde el Consistorio indican que los 31.309 residentes que viven durante todo el año en Santa Pola durante el verano pueden pasar hasta los 200.000. Un aumento que ya tiene previsto el Ayuntamiento y para el que se prepara cada año. La cuestión es si durante todo el año las personas que viven realmente en Santa Pola son muchas más de las que refleja el padrón.

Este desajuste entre la población oficial y la real está creando no pocos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos, que ven cómo tienen que prestar servicios y atención para muchas más personas de las empadronadas. Una cuestión que aumenta considerablemente el gasto de los ayuntamientos a la vez que reduce los ingresos.

En verano la población de Santa Pola puede llegar hasta las 200.000 personas
El Catastrazo

Cuando en 2014 el Ministerio de Hacienda lanzó el Plan de Regularización Catastral seguramente lo hizo pensando en los ingresos extraordinarios que reportaría a los ayuntamientos, a través del cobro del IBI. Es por ese matiz recaudatorio por el que se le conoce como ‘Catastrazo’.

Sin embargo, Montoro seguro que no tuvo en cuenta que este proceso serviría para aflorar un aumento del padrón urbano que yacía oculto tras inmuebles que eran desconocidos por los propios ayuntamientos. Un aumento de población que, según datos facilitados por Hacienda, está suponiendo una media del 3% en los municipios rastreados hasta 2016.

Si en Santa Pola se cumple, tras la regularización catastral, esta regla de la media del 3% de incremento del padrón, a la población inscrita en el mismo habría que sumarle 940 personas más, con lo que se pasaría de los 31.309 a 32.249.

La regularización catastral detecta un aumento del Padrón

Por tanto, este proceso pensado para que aflorasen construcciones ocultas se ha convertido en un instrumento útil para los ayuntamientos, que ya sospechaban que en sus municipios residían habitualmente muchos más ciudadanos de los que apuntaban los datos del padrón. Un fenómeno que se está repitiendo en muchos municipios turísticos de la provincia de Alicante y que acarrea importantes pérdidas de ingresos a los ayuntamientos. Les están prestando servicios de calidad, pero no reciben las subvenciones estatales y europeas que se conceden en base a la población.

En algunos casos este desajuste viene dado por que los ciudadanos de otros países que viven en ellos al menos la mitad del año, deciden empadronarse en su país de origen antes que en España. Ante esto, tanto la Diputación de Alicante, como algunos ayuntamientos afectados, han puesto en marcha campañas informativas de empadronamiento.

Regularización catastral

El Ministerio de Hacienda explica, en su portal oficial, que el procedimiento de regularización catastral se ha desarrollado desde el año 2013 en todo el territorio nacional, excepto en el País Vasco y Navarra. La determinación de los municipios afectados y el período de regularización para los mismos se establece mediante resolución de la dirección general del Catastro publicada en el ‘Boletín Oficial del Estado’.

La iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 15 días. Los efectos de la incorporación al Catastro, tanto de los inmuebles como de las alteraciones de su descripción catastral, se producen desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio que origina la incorporación o modificación catastral.

Los inmuebles objeto de regulación deben pagar 60 euros al recibir la notificación

La regularización de la descripción de los bienes inmuebles está sujeta a una tasa cuya cuantía es de 60 euros por cada uno de los inmuebles. Esta tasa debe ser abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral.

Inicialmente este proceso estaba pensado para que concluyera en el año 2016, pero finalmente se han establecido distintas prórrogas y el procedimiento continuará, al menos, hasta finales de 2017.

En Santa Pola

Durante el pasado mes de noviembre es cuando el ayuntamiento de Santa Pola ha iniciado el proceso que culminará con la regularización de inmuebles, o de parte de ellos, que no figuraban en el catastro. Con ello se incrementará el Padrón de Bienes Inmuebles, la emisión y cobro de los recibos del IBI y el Padrón Municipal de Habitantes.

Fuentes del Consistorio santapolero han destacado que entre los días 13 y 17 de noviembre se procedería a la realización de las labores de campo necesarias para el proceso de regularización catastral en Santa Pola, que consiste en fotografiar y realizar el trazado de croquis de las unidades constructivas.

Este procedimiento es obligatorio para los ayuntamientos y tiene el objetivo de actualizar la base de datos catastral, incorporando los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como las alteraciones de sus características para garantizar la concordancia de la descripción catastral con la realidad.

El proceso es obligatorio para los ayuntamientos

Los propietarios que reciban las notificaciones deberán abonar una tasa de 60 euros y dispondrán de 15 días, desde la recepción de la notificación, para formular alegaciones. Por lo tanto, la tasa se debe abonar en el momento en el que se ha recibido la notificación.

Con el pago de la tasa se incorpora al catastro el inmueble objeto de regularización, pasando a formar parte de la base de datos de la que el Ayuntamiento emitirá el recibo del IBI en la fecha habilitada para ello.

La importancia del IBI

El IBI es un impuesto de carácter obligatorio que grava el valor real de los bienes inmuebles. Lo cobran los ayuntamientos y afecta a todos los propietarios de inmuebles, tanto rústicos como urbanos.

La gran importancia que tiene este impuesto para los ayuntamientos se debe a que a través de su recaudación las corporaciones locales obtienen unas cantidades que, en algunos casos, pueden llegar a suponer un 50% de sus ingresos.

El IBI es un impuesto sumamente importante para los ayuntamientos ya que puede suponer la mitad de sus ingresos

Se calcula sumando el valor catastral de la vivienda al tipo de gravamen que se le aplica y que oscila entre el 0,3 y el 1,10%, unos valores máximos y mínimos determinados por el Estado.

La Iglesia se libra

Sin embargo, es justo decir que no todos los propietarios de bienes inmuebles están

afectos a pagar a los ayuntamientos por sus propiedades inmobiliarias. No están sujetos los que sean de dominio público como calles, carreteras o dependencias municipales, así como los bienes que sean propiedad del Estado o de las comunidades autónomas.

La Iglesia tampoco paga IBI por las propiedades que posee, gracias a un acuerdo del Estado español con la Santa Sede. Esta ha sido una cuestión muy polémica, que ha dado lugar numerosos procedimientos contencioso-administrativos y que finalmente zanjó el Tribunal Supremo en sentencia del 4 de abril de 2014. En ésta defiende la exención total del pago del IBI por todas sus propiedades inmobiliarias, menos las que estén destinadas a explotaciones económicas.

Los drones de Montoro

Los expertos están alertando de que en algunos casos se cometen errores que el afectado no suele impugnar debido a lo largo y costoso de los recursos. Estos fallos se pueden deber a fallos de los denominados ‘Drones de Montoro’, o bien a la premura con la que se ha realizado el procedimiento. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda contempla 15 días de plazo para que el interesado pueda realizar las alegaciones que considere oportunas.