Masa deberá pagar cuatro millones de euros en concepto de plusvalías

Una reciente sentencia desestima los recursos de la empresa y da vía libre para que el ayuntamiento de Santa Pola pueda cobrar una deuda de hace más de 13 años

- Escrito el 27 diciembre, 2017, 8:00 am
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Este año los Reyes Magos han llegado con adelanto al ayuntamiento de Santa Pola. Ni por tierra ni por mar, los de Oriente han venido en forma de sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Deuda histórica
Una sentencia reconoce al Ayuntamiento el derecho a cobrar

Nada menos que cuatro millones de euros, incluidos los intereses, traerán los Magos al ayuntamiento de Santa Pola por encargo de los Tribunales. Unos millones que pasarán a engrosar las arcas municipales gracias a la sentencia que reconoce el derecho del Ayuntamiento a cobrar una deuda de la promotora MASA a cuenta de las plusvalías que obtuvo la empresa concesionaria de los terrenos en el sector CJ-5, en Gran Alacant.

La sentencia en cuestión desestima los recursos que la empresa interpuso por vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento, donde pedía la nulidad del convenio firmado con el Consistorio, alegando para ello un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento.

«La deuda de MASA era un quebranto económico a las arcas municipales» (Yolanda Seva)

La alcaldesa, Yolanda Seva, ha explicado que “el Ayuntamiento se congratula que desde la justicia por fin nos ha llegado la razón a la reclamación de la deuda histórica que mantenía la promotora Masa con el consistorio. Y por extensión, el pueblo de Santa Pola. Está claro que esta deuda sería susceptible de constituir un quebranto económico para las arcas municipales, motivo por el que solicitamos que se pagara esa deuda que nunca había sido reclamada por el anterior ex alcalde del Partido Popular”.

Durante años nadie reclamó la deuda por las plusvalías

De todas las formas posibles había intentado el nuevo Equipo de Gobierno, capitaneado por la socialista Yolanda Seva, cobrar una deuda que la promotora tenía pendiente desde el año 2004 y que, como dice la alcaldesa, nadie había reclamado hasta ahora.

Sentencia a favor del Ayuntamiento

Así se pone fin a un largo proceso que se inició cuando el nuevo Equipo de Gobierno llegó a la Casa Consistorial, tras las elecciones municipales de 2015. Allí se encontraron con un convenio firmado entre el Ayuntamiento, que entonces gobernaba el popular Miguel Zaragoza, la mercantil y la A.I.U. ´Ciudad Jardín del Sector 1 del CJ-5 del PGOU de Santa Pola`.

Con la firma de este convenio el Ayuntamiento asumía la obligación de tramitar una modificación del PGOU para aumentar la densidad del sector lo que daría más capacidad de construir a la constructora.

Con el convenio en la mano, la mercantil podría construir 1.272 viviendas más que se añadirían a las 956 dando un total 2.228. Al tiempo, se comprometía a ingresar en el Ayuntamiento la cantidad total de 6.010.121,04 euros, en concepto de participación pública en las plusvalías generadas por el aumento de viviendas.

Pero parece ser que una cosa es lo que se firma y otra muy distinta lo que se hace. Desde 2004 a 2015, y según consta en el informe emitido por Intervención, sólo ha satisfecho la empresa un ingreso a cuenta de 2.550.000 euros, quedando el resto pendiente.

Años más tarde, ya en 2012, la mercantil Monte y Mar Santa Pola S.L. (esta mercantil sustituye por subrogación a la A.I.U.) solicita la modificación del convenio del Sector 1 del CJ5, para que se reduzca la cantidad de la deuda pendiente, alegando una disminución de la venta de viviendas. Sin embargo, esta petición no se había resuelto.

Reclamar la deuda

Sin embargo, con el PP fuera del gobierno municipal, los nuevos representantes municipales no estaban dispuestos a pasar por alto ni un solo euro, así que la Junta de Gobierno local de 24 de julio de 2015 requirió a la mercantil para el pago de la cantidad pendiente del convenio, de acuerdo con un informe que concluía la plena vigencia y exigibilidad del convenio urbanístico, y por tanto de la deuda.

La empresa, que ya ni recordaría ese pago pendiente tras 11 años, recurrió a la Justicia este acuerdo en diciembre de 2015. Y así comenzó una negociación entre Ayuntamiento y constructora que ha sido larga y tediosa. Un tira y afloja en el transcurso del cual ambas partes tuvieron que ir dejando de lado algunas de las pretensiones iniciales. Todo en pos de llegar a un acuerdo que finalmente satisficiera a ambas partes y pusiese punto y final a un asunto que ya se había dilatado demasiado en el tiempo.

Como fruto de esta negociación, las sesiones de trabajo entre Ayuntamiento y constructora culminaron con la formalización del acta de fecha 26 de enero de 2016 suscrita por ambas partes, acuerdo llevado tres días antes al Pleno Municipal.  En ella manifiestan su conformidad y aceptación de la vigencia del convenio, la inexistencia de causa de nulidad del mismo y la renuncia al recurso de reposición interpuesto por parte de la mercantil al requerimiento de pago, así como la modificación del convenio previo de ofrecimiento de las garantías adecuadas.

Nuevo Convenio

Los puntos del nuevo Convenio Urbanístico de Planeamiento y Compensación de Plusvalías del Sector 1 Cj5 del PGOU de Santa Pola contemplaban que la cantidad pendiente de pago, a fecha 26 de enero de 2016, ascendería 3.460.121,04 de euros, cantidad avalada por el informe de la arquitecta municipal. Una minoración que defienden por la variación de precios experimentada en el mercado inmobiliario durante los últimos ocho años.

La modificación del convenio se hizo de manera que resultase más beneficioso para la mercantil el pago de las plusvalías, bajo la excusa de la crisis y realidad del mercado inmobiliario.

En metálico o en especies
El convenio de 2016 permite a la mercantil pagar en metálico o en especies

Además, se aprueba el aplazamiento/fraccionamiento del pago de la cantidad resultante tras la minoración, así como la aceptación del pago de parte de la cantidad resultante mediante la transmisión de determinados inmuebles (locales comerciales) a favor del Ayuntamiento.

Dado que el anterior convenio no contemplaba ni plazo máximo ni fecha de vencimiento de la deuda, en esta ocasión se evita cometer el mismo error y se establece como plazo máximo para el pago de las cantidades establecidas, sin posibilidad de prórroga alguna, el de ocho años desde la firma del nuevo convenio, de tal manera que vencido dicho plazo (marzo de 2024) el Ayuntamiento incoaría el oportuno procedimiento de apremio en reclamación de las cantidades que, en su caso, estuvieran pendientes de pago.

El Ayuntamiento de Santa Pola no estaba dispuesto a dejar escapar de ninguna de las maneras tan suculento bocado, así que lo dejó todo atado y bien atado. Estableció que los pagos, totales o parciales, se realizarán preferentemente en metálico. Aunque también dejó abierta la posibilidad de admitir pagos en especie, mediante la transmisión de inmuebles (solares, construcciones, etc.).

Para garantizar el pago, la mercantil Monte y Mar de Santa Pola S.L. acreditó al Consistorio hipoteca sobre algunas de sus fincas, hasta llegar a la cantidad de 3.220.400,00 euros.

Incumplimiento de la constructora
La empresa incumple el convenio al no retirar los recursos judiciales

A través de la firma del nuevo convenio quedó claro que la voluntad de la Corporación era la de cobrar la deuda y evitar con ello el quebranto económico que supondría la pérdida de dicha suma de dinero. Sin embargo, la empresa no retiró los recursos contenciosos-administrativos contra el Ayuntamiento, pidiendo la nulidad del convenio suscrito.

Y ha sido ahora, en diciembre de 2017, cuando la sentencia al recurso 382/16 de la empresa contra la nulidad del convenio suscrito, lo desestima. La sentencia también desestima para la empresa el recurso 673/16, con respecto a la nulidad del convenio y declaración de enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento.

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola, del día 18 de diciembre de 2017, dio cuenta de la resolución de esta sentencia y además se reprobó al que fuera alcalde del PP en la época en qué se permitió no cobrar a MASA las cantidades adeudadas al Ayuntamiento.

Moción de reprobación pública

En concejal no adscrito, Ignacio Soler, presentó una moción de reprobación sobre el ex alcalde Miguel Zaragoza que previsiblemente será tratada en el pleno de enero. El argumento esgrimido es el siguiente: “Ha estado mintiendo deliberadamente a su partido, al pueblo de Santa Pola y al Pleno Municipal, desde el principio de la legislatura. Hay que recordar como concurrió a las elecciones municipales, estando imputado por prevaricación medioambiental en el proceso relacionado con el funcionamiento de la actividad ´El embarcadero de Lucía`”.

En dicha reprobación se refiere en concreto al caso Masa: “Desde un principio ha mentido con respecto a la deuda que la promotora MASA mantiene con el pueblo de Santa Pola, en virtud de un convenio suscrito entre las partes. La deuda pendiente de 3,5 millones de euros estaba sin cobrar y, con la actitud mantenida por la anterior corporación, hubiese acabado prescribiendo, ocasionando con ello un grave quebranto económico a las arcas municipales”.

En sus manifestaciones Soler afirmaba que por parte de las juntas de Gobierno anteriores presididas por Zaragoza “nunca se reclamó deuda ni se fijó un calendario de pagos con la empresa, tal y como era su obligación. Los pagos que se efectuaron, fueron de motu propio por parte de la citada mercantil, como así lo demuestran los ingresos realizados por esta empresa antes y después de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 45 del P.G.”

Informe de intervención

El concejal no adscrito recordaba un informe de intervención de enero de 2012 en el que se exigía la adopción de los plazos de cobro de la deuda indicando que “la mora puede perjudicar los intereses económicos del Ayuntamiento, al no estar asegurada la efectividad de su pago por el beneficiario del aprovechamiento. Al no estar firmada y notificada la fecha de su ingreso. Dificultando el seguimiento de la deuda por procedimiento de apremio y su acreditación ante otros acreedores”.

“No podemos olvidar que en los tiempos actuales la regeneración democrática y la transparencia son fundamentales; así como la renovación de la imagen de la digna labor de los representantes públicos con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía. Dicha renovación implica la denuncia, rechazo, erradicación y sanción de comportamientos como los del señor Zaragoza Fernández”, concluye Ignacio Soler en su petición de reprobación expuesto al Pleno de la Corporación que será estudiado este mes y que seguramente generará un acalorado debate.